miércoles, 5 de diciembre de 2007

El VIH y otros problemas de salud pública. Periódico El Correo Guanajuato

Por Saúl Arellano

Miércoles, 05 de Diciembre de 2007

El pasado día 1º de diciembre se conmemoró en todo el planeta el día mundial de la lucha contra el VIH-Sida. A pesar de que esta pandemia está entrando en una fase de estabilización en México, hay condiciones que pueden propiciar una regresión y un nuevo periodo de crecimiento, sobre todo en entidades en las que los derechos sexuales y reproductivos de las personas particularmente de los jóvenes, no se respetan a plenitud.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, entre 1983 y el 2006, en México se han registrado un total de 105, 170 casos de VIH-Sida, de los cuales, 2,575 se han reportado en el estado de Guanajuato (más de 110 casos por año en promedio en la entidad). Sin embargo, debe considerarse que de acuerdo con distintas estimaciones, por cada caso confirmado puede haber hasta 3 que no se han diagnosticado o detectado adecuadamente.
Asimismo, enfermedades como la sífilis y la gonorrea, aunque no presentan cifras que puedan ser alarmantes, sí continúan estando presentes en la entidad, cuando son padecimientos que, con una adecuada prevención, deberían estar erradicados y completamente ausentes desde hace varios años.
Por otra parte debe señalarse que aún cuando Guanajuato no tiene los índices más elevados de contagio del virus del papiloma humano en el país, en 2006 se detectaron 246 casos, lo que implica 0.6 casos diarios, un número elevado sobre todo si se considera una vez más que se trata de un padecimiento completamente prevenible y curable si se detecta a tiempo.
Lo lamentable es el hecho de que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud el estado de Guanajuato ocupe el último lugar a nivel nacional en el porcentaje de mujeres en edad fértil que son usuarias de métodos anticonceptivos; y por ello no resulta del todo claro el otro dato, también proporcionado por la Secretaría de Salud, en torno a que en Guanajuato hay un porcentaje de partos atendidos de mujeres menores de 20 años por debajo de la media nacional.
Estos datos deben ser revisados con detenimiento, sobre todo si se considera que las últimas administraciones se han caracterizado por asumir una política más bien conservadora y sobre todo, alejadas de una visión basada en el enfoque de derechos y de pleno cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes; no hay que olvidar que Guanajuato fue uno de los estados que rechazaron los libros de texto que contenían información sobre salud sexual y reproductiva en primaria y secundaria, lo cual constituye una clara violación a los derechos humanos de los jóvenes y los niños de la entidad.
No debe olvidarse tampoco que en Guanajuato no hay una Ley que proteja los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, y que es una de las entidades que mantienen una edad mínima distinta para contraer matrimonio para hombres y mujeres, haciendo de visiones confesionales, políticas de gobierno y políticas legislativas, pues tampoco en el Congreso se han presentado iniciativas que remedien esta situación que además, ha sido observada por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU , en sus recomendaciones de 2006 al Estado Mexicano.
Los problemas de salud pública son eso: temas de interés general que requieren de decisiones de gobierno, apegadas al derecho y lo que establece nuestra Constitución. Quizá las autoridades estatales de todos los niveles y ámbitos no se han enterado, pero en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se garantizan los derechos de las niñas y los niños, y uno de ellos es precisamente el de la salud, en un sentido amplio y universal, lo cual incluye, sin duda alguna, los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Quizá tampoco se han enterado de que la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado Mexicano, y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación , establece que los adolescentes tienen derecho a recibir información de calidad sobre los métodos anticonceptivos, sobre su salud sexual y reproductiva y que los Estados deben ofertar la disponibilidad de métodos de control natal y prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre ellos el VIH-sida, que sólo por señalarlo, es uno de los temas prioritarios en las metas del desarrollo del milenio, establecidas por los Estados que formamos parte de la ONU.

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