La pobreza, la democracia y el nuevo IFE. Periódico La Crónica

Por: Saúl Arellano Opinión
Domingo 2 de Diciembre de 2007 Hora de publicación: 01:31

La igualdad sin libertad es una quimera, escribiría alguna vez Octavio Paz, en su Tiempo nublado. En efecto, desde hace ya varias décadas se percibía que uno de los mayores problemas para la democracia consiste en garantizar el ejercicio pleno de las libertades, y simultáneamente, el acceso a la garantía universal de los derechos humanos y sociales.La democracia y la equidad social son indisociables; puede decirse que debieran concebirse como conceptos simbióticos, por lo que la suspensión de la realización de uno de ellos, implica la suspensión o al menos la alteración parcial del otro.Al respecto, se han generado distintas discusiones en torno a cómo debe concebirse a la democracia. Se aportan desde definiciones de la democracia entendida como el conjunto de mecanismos procedimentales equitativos, equilibrados y competitivos para el acceso de los ciudadanos al poder; hasta la democracia entendida como una forma de gobierno en la que además se puede tener acceso universal a las garantías sociales y respeto irrestricto al conjunto de derechos humanos que tenemos las personas.Es cierto que la democracia tiene que ver con conceptos como justicia, equidad, igualdad y dignidad. Y en términos prácticos, es preferible que a los políticos pueda exigírseles que asuman un concepto de democracia “adjetivado” para construir nociones tales como la de “democracia social”, entendida como la forma de gobierno en la que el Estado de derecho impera, en la que se respetan y hacen valer los derechos humanos, y en la que todas las personas tienen las oportunidades y las capacidades para acceder a una vida digna.En una noción así, la democracia debe permitir la generación de acuerdos y consensos para privilegiar, ya no los intereses de una mayoría, sino para poner al centro de todas las decisiones públicas, el cumplimiento integral y universal de los derechos humanos y sociales de las personas.Empero, para que una democracia así pueda funcionar, requiere de un diseño institucional y procedimental lo suficientemente sólido como para garantizar que las decisiones de los ciudadanos, en torno a quién y por qué debe gobernar, sean respetadas y acatadas por todos en todo momento.Y esto es precisamente lo que está en juego en estos días en que se renovarán la Presidencia del Consejo General del IFE, más otros espacios de consejeros electorales, que de acuerdo con la nueva legislación electoral, deberán renovarse de manera “escalonada” en los próximos años.El viernes pasado se cerró el registro de los candidatos a ocupar estos cargos, y la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, presidida por Diódoro Carrasco (sin duda uno de los más talentosos y experimentados diputados de esta Legislatura), tendrá la responsabilidad de revisar los casi 500 expedientes, así como las historias profesionales y académicas, de los aspirantes a los cargos señalados.De la larga lista de aspirantes, destacan los nombres de experimentados juristas y académicos, muchos de ellos con trayectorias que deben reconocerse y con aportaciones de suma relevancia para comprender, desde la vida académica, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral mexicano.El cargo de la Presidencia del IFE requiere de un perfil que asegure capacidad jurídica y conocimiento experto del funcionamiento del sistema constitucional y electoral mexicano. Requiere también de una figura que cuente con el reconocimiento de los partidos políticos y requiere, sobre todo, de la garantía de que actuará con imparcialidad no sólo para tranquilidad de los partidos políticos, sino especialmente, de las y los ciudadanos. Aunado a lo anterior, requerimos de un IFE que pueda incorporar visiones no ortodoxas y apertura para la interpretación jurídica y procedimental, que coadyuven a la consolidación de un sistema electoral mexicano que nos dé plena confianza y garantía a las y los ciudadanos de que nuestro voto será en todo momento respetado.En esa lógica, la decisión de quienes serán los nuevos Consejeros del IFE debiera buscar a personas que no forman parte de grupos políticos, o que hayan tomado notoriedad pública por formar parte de redes o círculos asociados casi siempre a espacios de poder.En esa lógica, la búsqueda de candidatos a consejeros del IFE, debiera tomar en consideración, la trayectoria profesional y académica, sí, pero igual peso deberá tener la capacidad de garantizar imparcialidad, así como que, quienes asuman esos cargos, actuarán alejados de las consignas partidistas o al servicio de grupos específicos del poder.Por citar sólo un caso, habría que destacar, por ejemplo, el nombre de Miguel Eraña. Un joven académico originario de San Luis Potosí, doctorado en derecho constitucional en España y experto en temas constitucionales y de protección jurídica de las minorías políticas. Actualmente es académico de la Universidad Iberoamericana, y ha participado como asesor en distintos procesos legislativos, en los que se ha requerido del consenso y el acuerdo de todos los partidos políticos.Perfiles de este tipo, le permitirían al IFE contar con visiones renovadas del derecho, de la política y de una realidad social que se encuentra en un acelerado proceso de transformación y de profunda diferenciación social, política y cultural a lo largo y ancho del país.Erradicar las profundas desigualdades en que vivimos y la lacerante pobreza que sigue campeando en nuestro país, en vastas regiones con el rostro del hambre, la miseria y hasta la muerte, requiere de una nueva forma de hacer política; y eso implica que los ciudadanos contemos con los instrumentos suficientes para controlar a nuestros gobiernos y obligarlos a tomar decisiones que beneficien a todos; y precisamente uno de los instrumentos más poderosos con que podemos contar, es sin duda, el del voto ciudadano.La renovación del IFE, en el contexto de la reforma electoral que se logró concretar en los últimos meses, ha puesto en tensión a muchos grupos políticos y de interés económico. El Congreso ha argumentado que se logró reducir el costo de las campañas y que esos recursos se traducirán en mayor presupuesto social. Esto es importante y era una reforma necesaria. Empero, tan necesario como esto es que contemos con una institucionalidad cada vez más profesional, pero también, cada vez más representativa y comprometida con la ciudadanía.La existencia de un órgano autónomo del Estado, como es el IFE, es un logro mayúsculo de nuestro país y ha significado un importante avance en la democratización de México. En ese sentido, la pluralidad y la tolerancia política han comenzado a ganar terreno en distintas esferas de las estructuras del poder y también en muchas estructuras sociales.Hoy es más que nunca deseable que en el Congreso de la Unión puedan escucharse las voces ciudadanas y las decisiones que se tomen, tengan como principal objetivo garantizar la institucionalidad de nuestro sistema electoral, con miras a la construcción de una nación mucho más generosa e incluyente. Se trata de transitar hacia un país justo, en el que por el hechode ser mexicanos tengamos garantizados, sin regateos, nuestros derechos más elementales.La decisión que se tomará en los días por venir pueden parecer síntomas de nuevos “tiempos nublados”. Habrá que esperar que el Congreso actúe con serenidad, con mucha responsabilidad y con pleno sentido de Patria, porque en mucho, es nuestra democracia y nuestras posibilidades de desarrollo las que están en juego.
sarellano@ceidas.org