domingo, 30 de diciembre de 2007

Lo que nos deja 2007 en loo social. La Crónica

^Por Saúl Arellano
Periódico La Crónica
Domingo 30 de diciembre de 2007
El año que termina nos ha dejado múltiples lecciones en torno a lo social. En primer lugar, se ha confirmado lo se ha venido denunciando desde hace varios años: México padece una desigualdad crónica que amenaza con lastimar definitivamente el orden social.Por otro lado, aún cuando las cifras oficiales nos muestran cierta reducción en los niveles de pobreza en que viven millones de mexicanos, lo que esos datos nos evidencian también es la fragilidad de nuestra economía, y la vulnerabilidad de las personas ante los vaivenes económicos; esto es, aún cuando las personas logran “colocarse” en algún empleo, el ingreso y las prestaciones económico-sociales son tan precarias y los entornos sociales tan agresivos, que la probabilidad de caer en la pobreza extrema es casi siempre mayor que la posibilidad de “escalar” en su posición económico-social.Asimismo, lo que nos han mostrado distintos estudios elaborados por organismos como el Banco Mundial, el BID o la CEPAL, es que en México se han arraigado estructuras institucionales que no sólo no contribuyen a reducir la desigualdad, sino que por el contrario, permiten que las desigualdades persistan e incluso se profundicen.No hay duda de que hay esfuerzos para combatir la pobreza, pero éstos han sido insuficientes y no están diseñados para avanzar a la velocidad que requerimos para lograr generar condiciones de calidad de vida digna, el cumplimiento pleno de los derechos humanos, así como para la formación de una nueva ciudadanía social. Para lograrlo, hoy sólo contamos con programas de asistencia social, como Oportunidades, que ya no alcanzan para atender las dimensiones de la pobreza y marginación que hoy vivimos.Otra de las lecciones que nos deja el 2007 es nuestra fragilidad ante los desequilibrios ambientales y los efectos directos del cambo climático. Lo ocurrido en Chiapas y Tabasco es sólo una pequeña muestra de los escenarios probables que tendremos que enfrentar en los años por venir, de continuar las actuales tendencias de alteración de los factores climáticos y la estabilidad de los sistemas del clima local y global. Debemos considerar que los efectos del cambio climático y del calentamiento global van a continuar generando desplazamientos migratorios involuntarios, afectaciones permanentes a las estructuras productivas de numerosas ciudades, así como a la infraestructura social básica de comunidades, pequeñas ciudades o incluso centros urbanos tan importantes como Villahermosa.En esa misma lógica, el 2007 nos enseñó que no habrá muro, políticas o decisiones migratorias unilaterales que puedan frenar efectivamente a la migración centroamericana, sudamericana y de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Siendo ya, de acuerdo con la ONU, la región de mayor intensidad migratoria global, es urgente pensar en nuevas políticas y estrategias regionales que permitan reducir la desigualdad, generar un movimiento migratorio con mayor orden y lograr reducir la migración irregular hacia los Estados Unidos de norteamérica.A pesar de los acuerdos logrados en el Congreso, lo cierto es que no se consiguió llevar a cabo una reforma fiscal lo suficientemente sólida como para lograr asegurarnos un crecimiento económico superior al 5% del PIB que se requiere año con año, para lograr así aprovechar nuestro llamado “bono demográfico”.Presenciamos igualmente este año que termina, que los avances logrados en materia de derechos humanos pueden verse afectados, y que el propio titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede ponerse del lado de actitudes conservadoras y retrógradas, que resultan deplorables viniendo de la cabeza de nada menos que el Órgano del Estado responsable del cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país.Hemos aprendido también que la inequidad en que vivimos se traslada a casi todos los ámbitos de la vida institucional, y que incluso las instituciones responsables de velar por la impartición y la administración de la justicia pueden actuar a espaldas de los intereses y los derechos de las personas, más aún si éstas son pobres o viven en circunstancias de vulnerabilidad social.En ese contexto, la inseguridad y el clima de violencia a que están expuestos nuestros niños y jóvenes nos obligan a una reflexión mayor sobre las implicaciones del horror que significan las constantes ejecuciones de personas en acciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, el cual ha alcanzado niveles verdaderamente espeluznantes en crímenes como el de la trata de personas.Confirmamos de la misma forma que la corrupción es uno de los principales enemigos de los pobres. Recursos económicos destinados al desarrollo social, a la reducción de la marginación e incluso recursos manejados desde iniciativas del mundo privado marcadas por la sospecha, como la Fundación Vamos México, terminan en los bolsillos de unos cuantos, quienes enriquecidos al amparo del poder público, contribuyen a la profundización de la desigualdad y a la inmoralidad que parece permear en los distintos niveles y órdenes de gobierno en todo el país.Por si fuera poco, la inestabilidad económica causada por la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, y la probable recesión económica que se avisora en aquel país, nos muestra nuevamente nuestra dependencia de la economía norteamericana y nuestra incapacidad de generar un proceso de desarrollo sostenido por nuestra propia cuenta.De otra parte, la catástrofe educativa que estamos presenciando a través de los magros resultados dados a conocer por los estudios PISA y las propias evaluaciones hechas por el INEE, nos dan cuenta de la urgencia de replantearnos completamente nuestro modelo educativo, así como las estructuras que perviven en el sistema educativo nacional.Por si fuera poco, la entrada vigor de las cláusulas pendientes del Tratado de Libre Comercio, básicamente en los capítulos agropecuario y automotriz, ponen en jaque a distintas ramas de la producción lo cual, aunado a la locura y sinrazón que imperan en la Secretaría de Economía, han situado a muchos de los productores nacionales al borde de la extinción productiva y comercial.Mientras todos estos saldos se acumulan, la falta de estadística social confiable y suficiente para realizar diagnósticos adecuados, para diseñar nuevas políticas públicas y tomar un nuevo rumbo en el país continúa afectándonos: sólo para citar un ejemplo, hay que considerar que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica 2006 aún no está disponible al público, y que el Censo Agropecuario apenas estará dándose a conocer el próximo año.Estos son nuestros saldos en 2007; aún con ello, debe señalarse que no se trata de generar un ánimo catastrofista; se trata antes bien de convocar a un diálogo nacional sobre cómo reencauzar a nuestro país y sobre cómo subsanar nuestras deudas con los más pobres. Quizá valdría la pena, en efecto, repensar si este gobierno, y si la Sedesol en particular, cuentan con las capacidades para responder a los dilemas sociales que enfrentamos, o si bien es tiempo de replantear la estructura institucional de todo el marco institucional para el desarrollo social. Es nuestro futuro como país, y no sólo el 2008, lo que está en juego.
sarellano@celdas.org

miércoles, 26 de diciembre de 2007

Celaya: el rostro de la vergüenza. El Correo

Por Saúl Arellano
Miércoles, 26 de Diciembre de 2007

Cuando el "soberano" da la espalda al pueblo que gobierna, es momento de sustituirlo, nos advertía desde el siglo XII Tomás de Aquino. Thomas Hobbes, pensador del siglo XVI nos decía que la principal tarea del Estado es evitar la muerte prematura y violenta de los ciudadanos, y que cuando el Estado es incapaz de ofrecer esta garantía elemental, la tarea del pueblo consiste en exigir la remoción de las autoridades y sustituirlas por otras que sí pudieran cumplir con la seguridad y la protección de la vida de las personas. Los asesinatos de dos niños en Celaya representan el mayor llamado de atención a las autoridades, y exige del gobierno tomar decisiones con mano firme, sobre todo ante las ofensivas declaraciones de las autoridades policiales, en las que responsabilizan a los padres de familia por "no cuidar adecuadamente" a sus hijos; declaración que por el tono y contenido, resulta burda y propia de una persona fuera de todo orden institucional, además de ignorante e irresponsable. Desde hace varias semanas he sostenido en este espacio que Guanajuato es una entidad inapropiada para los niños (ver mi artículo del mismo título en la edición del Correo el 14 de noviembre); que en Guanajuato no hay un adecuado cumplimiento ni garantías suficientes para hacer valer los derechos humanos (ver mi artículo del miércoles 12 de diciembre); y que en Guanajuato hay una abandonada agenda para los jóvenes (ver mi artículo del pasado miércoles 19 de diciembre). A cada una de las críticas hechas al Gobierno del Estado por su ineficaz política social, las autoridades han sido incapaces de ofrecer respuestas con argumentos sólidos y sobre todo, con la humildad necesaria para reconocer que las administraciones del Partido Acción Nacional han dejado saldos y resultados sociales desastrosos. En cualquier país o sociedad en que los derechos de los niños son la mayor prioridad para las autoridades públicas, se hubieran tomado ya medidas drásticas: se hubiese solicitado la renuncia del Director de Seguridad Pública del Municipio, el edil ya hubiera establecido un firme compromiso de trabajo, y las autoridades del Estado hubieran iniciado desde ya una estrategia de revisión y evaluación de todo el marco de la política de atención y cuidado de la infancia. El asesinato de una niña o un niño lastima y constituye el mayor agravio posible para toda la sociedad. Las niñas y los niños son siempre los más vulnerables y siempre las personas expuestas a mayores riesgos y es por ello que ningún gobierno puede renunciar a poner a los niños y a las niñas siempre primero. En Guanajuato, hay que decirlo hasta el cansancio, no hay una Ley que proteja los derechos de los niños; En Guanajuato, el Gobierno del Estado y los diputados y diputadas de Acción Nacional han hecho hasta lo imposible por evitar la aprobación de la Ley para una vida sin violencia para las mujeres; en Guanajuato, las autoridades de Acción Nacional se han opuesto sistemáticamente a reformas jurídicas tendientes a la protección de los derechos humanos en general, y es momento de decir ¡basta!, ante esta indiferencia e irresponsabilidad pública del Partido en el poder. Es cierto que la ciudadanía debe ser mucho más solidaria y menos indiferente, como lo señaló en su homilía del día domingo el Obispo de Celaya Lázaro Pérez Jiménez; empero, también es cierto que sí es exigible al gobierno municipal que cumpla con lo que la Ley le manda que no es más, pero tampoco menos, que la plena garantía de los derechos humanos de las personas. Un gobierno omiso es un gobierno criminal. No cumplir con la Ley o con una ética pública mínima es sinónimo de corrupción, de mal gobierno y de irresponsabilidad. Es hora de que los gobiernos de todos los órdenes y niveles cumplan con su trabajo y es hora de exigir el deslinde de responsabilidades por la ineptitud gubernamental que se manifiesta a lo largo y ancho de la entidad, y que hoy ha hecho crisis en Celaya, llevando a las autoridades a la vergüenza por su ineptitud. Lo grave no sólo consiste en la brutalidad del asesinato de estos dos niños; lo más grave es que en toda la entidad no existe la seguridad suficiente que nos garantice a todos que un acto así no volverá a suceder y que en caso de que ocurriera, las autoridades cumplirían de inmediato con su deber. La marcha de más de mil personas en silencio para denunciar el asesinato de dos de sus niños, constituye un acto de valentía frente a las autoridades, pero constituye también la mayor muestra de que la indiferencia, quizá la más dañina, proviene de las autoridades, las cuales, desde la perspectiva que se vea, tienen la mayor responsabilidad en este y otros asuntos. Es todavía un buen momento para retomar el rumbo y hacer de Guanajuato un lugar apropiado para los niños; no hacerlo implica nada menos que cancelar nuestras posibilidades de un futuro con equidad, con justicia y con dignidad para todos. De eso es de lo que se trata: de tener Justicia, así, con mayúscula.

lunes, 24 de diciembre de 2007

EL TLC y la crisis del campo. La Crónica

Por Saúl Arellano
Periódico La Crónica
Domingo 23 de diciembre de 2007

Reza la sabiduría popular que "no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague". Hemos llegado por fin al año 2008 y con él, al momento de la apertura total del capítulo agrícola y del capítulo automotriz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.Van 14 años de la entrada en vigor de este Tratado, el primero de gran envergadura en nuestra historia comercial reciente, y a la fecha nuestros gobiernos no atinan a dar las respuestas adecuadas ante las exigencias de la población frente a los compromisos establecidos en éste y otros instrumentos de negociación y acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de comercio exterior.No hay duda que el libre comercio con otras economías nos ha abierto un sinnúmero de oportunidades y ha fortalecido nuestras capacidades de inserción y competencia en la economía global. Sin embargo, debe decirse que México no hizo su tarea, y que hoy estamos a punto de comenzar a pagar las facturas de administraciones irresponsables, que no hicieron lo necesario para generar condiciones de competitividad y transición en nuestras políticas agropecuarias, que hoy tienen sumida a la población rural en condiciones de pobreza nunca antes vistas en nuestro país. Aunado a ello, el cambio climático y el calentamiento global, sumados a prácticas poco respetuosas del medio ambiente, tienen al campo mexicano al borde del colapso, con las consecuencias económicas, políticas y sociales que esto puede traer a nuestro país.Los tecnócratas que hoy siguen tomando las principales decisiones de política económica, de desarrollo y fomento industrial, de comercio exterior, y de las políticas fiscales, hicieron gala de disciplina ante los mandatos y recomendaciones del Banco Mundial y el FMI, y se dedicaron a reducir al mínimo los subsidios, así como la transferencia de tecnología y apoyos para el campo, bajo el argumento de que debía apoyarse a los "más productivos" e incentivar a los pequeños productores a "desarrollar una nueva mentalidad empresarial", a fin de que pudieran elevar su competitividad y con ello, lograr una mejor inserción a un nuevo mercado global.Lo que hoy tenemos como realidad es que la última ronda de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio ha fracasado por la negativa de los Estados Unidos de Norteamérica y de Europa, de modificar sus políticas de subsidio a sus sectores agropecuarios. Sólo en el 2006, Estados Unidos destinó más de 245 mil millones de dólares a la inversión para el campo y el sector agropecuario, y Europa destinó una cantidad cerca de sólo 20 mil millones de dólares por debajo de lo que destinó nuestro principal socio comercial.Los subsidios, en ese tenor, representan inversiones públicas de proporciones mayores: 30 a 1 con respecto a lo que ocurre en nuestro país en los mejores casos, esto es, en apoyos a los productores dedicados a la agricultura de exportación, y de hasta 300 veces los apoyos destinados a los pequeños productores y minifundistas en nuestro país.Ante esta realidad, Sedesol y Sagarpa se ufanan de tener los mayores presupuestos jamás destinados para los pobres y para el desarrollo agropecuario; sin embargo, son cantidades irrisorias, cuando se comparan con los estándares internacionales, y más aún, cuando se analiza el diseño de las políticas agropecuarias de los países en relación con el nuestro.En el campo mexicano viven hoy la mayor parte de los pobres alimentarios del país; dato paradójico si se considera que es en los sectores rurales en los que en mayor medida deberían estar garantizados estándares mínimos de seguridad alimentaria y acceso a alimentos sanos e inocuos.México ha perdido valiosas oportunidades para tener mejores condiciones de desarrollo humano y garantía plena de los derechos humanos. Hoy estamos frente a un escenario alarmante, sobre todo si se considera la posición de los últimos secretarios de agricultura, que han ocupado esos cargos más por su amistad con los presidentes en turno o bien por arreglos políticos al interior del Partido Acción Nacional, que por capacidad y conocimiento de la situación del mundo rural en nuestro país.Hay que analizar, por ejemplo, las condiciones de acceso al crédito en el campo. Hoy la Financiera Rural ha perdido toda capacidad de reactivar los accesos al crédito, la capacitación y la tecnificación que le urge al mundo rural. Antes bien, la Financiera se ha sumado a la lógica del agio y la depredación de los más pobres, con criterios que si bien hoy le permiten manejar "números negros", la sitúan como una institución de servicio a quienes cuentan con mayores y mejores capacidades y oportunidades de participar de un mundo económico que ha vuelto inviable producir en el campo.Si nuestro gobierno no entiende que es viable retomar conceptos como el de la seguridad y la soberanía alimentaria; que una política agropecuaria desvinculada de nuestras políticas climáticas y medioambientales; y que un campo sin acceso al crédito y a subsidios competitivos a escala internacional, estaremos presenciando un colapso mayúsculo de nuestro sector alimentario, y con ello, de una buena parte del capital social con que todavía contamos.El desarrollo rural debe ser asumido como uno de los pilares de nuestra soberanía, de nuestro desarrollo económico y de nuestro desarrollo social. No concebir que es urgente lograr la integralidad de estos sectores del gobierno, implica apostar por la renuncia a la justicia social y a la posibilidad de garantizar los derechos sociales más elementales a toda la población.Sin duda que la Secretaría de Hacienda y los nuevos "chamanes económicos" pueden demostrarnos que con la política económica y financiera que hoy tenemos el campo podrá salir adelante. Habría que decir, de manera irónica claro está, que matemáticamente también puede demostrarse que un elefante puede colgar de un risco atado por la cola a una margarita. Empero, lo que ya no podemos permitir es continuar cerrando los ojos ante una realidad que comienza a tornarse siniestra: México puede ver perdida su soberanía y seguridad en un abrir y cerrar de ojos, y todo porque no se ha tenido la capacidad de construir las bases para tener una nación incluyente y generosa con todos.Requerimos de la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, sin duda. Pero ello va a requerir que el gobierno tenga las agallas de ir a una renegociación que tenga como base, ya no sólo criterios económicos, sino antes bien, criterios éticos y morales de compromiso con quienes más requieren la solidaridad y el apoyo de todos.A casi ya dos años de celebrar el Centenario de nuestra Revolución, no hay mejor homenaje que preocuparnos por atender de inmediato al sector en el cual germinó la exigencia más elemental, y sobre la que se cimienta hoy nuestra Constitución y nuestro país: hoy más que nunca es momento de exigir, para todos, que los anhelos de democracia y justicia social se cumplan a cabalidad.

saularellano1@gmail.com

miércoles, 19 de diciembre de 2007

Los jóvenes: la agenda abandonada. El Correo

Por Saúl Arellano
Periódico El Correo (www.correo-gto.com.mx)
Miércoles, 19 de Diciembre de 2007
Cuando se piensa en políticas públicas para lo social, generalmente hay un grupo de población que no es considerado como prioritario en el diseño de las acciones y programas de gobierno: se trata de la población adolescente y joven, para quienes pocas o ninguna política se ha logrado consolidar de manera efectiva en los últimos 20 años.
Ante esta afirmación, generalmente las administraciones responden argumentando que sí hay políticas públicas y que las diseñan, operan y evalúan los llamados “Institutos de la Juventud ”, cuyas estructuras institucionales no pasan, en lo general, de ser oficinas organizadoras de eventos recreativos, en el mejor de los casos, y de concursos que distan mucho de parecerse a lo que los expertos definen como políticas de gobierno.
De acuerdo con el INEGI, en nuestro país 1 de cada 4 personas es un joven entre 15 y 29 años de edad, es decir, más de 25 millones de personas en este rango. Para este grupo de población, la primera causa de muerte son los accidentes, y la segunda las lesiones, tanto accidentales como intencionadas o auto infligidas (esto es, homicidios y suicidios).
Este dato debe alertarnos sobre un asunto mayor: las y los jóvenes del país están asumiendo actitudes de riesgo que los están llevando a la generación de condiciones de violencia, de maltrato y a final de cuentas, de desgaste y erosión del tejido social, que en el futuro puede traducirse en peores condiciones laborales, pérdida del ingreso promedio y más aún, la pérdida de capacidades afectivas para la convivencia, la solidaridad y la cooperación social.
Por citar sólo un ejemplo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud , 2005, sólo el 22.4% de las mujeres entre los 12 y los 14 años, habitantes en la Región Centro-Occidente del país (de la cual nuestra entidad forma parte) que ya sostuvieron alguna relación sexual lo hicieron por voluntad propia.
Esto habla de altos niveles de violencia, y si bien habría que desagregar los datos por entidad federativa, es necesario revisar de manera urgente en Guanajuato en materia de educación sexual y reproductiva de los jóvenes, avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en todos los programas educativos y de gobierno, y construir una nueva educación de respeto a la diferencia en el estado.
En Guanajuato, cuando se revisa el sitio electrónico de la Comisión Estatal del Deporte y la Atención a la Juventud , pareciera que se entra a un sitio de una empresa de promoción de actividades turísticas y recreativas, antes que a una dependencia pública responsable del diseño de políticas de atención a la población joven.
En ese sentido, una dependencia que cuenta con tres programas institucionales deja mucho qué desear, sobre todo si se considera que en Guanajuato los suicidios juveniles son un problema relevante; que no contamos con información precisa sobre consumo de drogas y sustancias adictivas y que no se cuenta con un registro estadístico confiable sobre la epidemiología de nuevos trastornos mentales como la bulimia y la anorexia, sólo por citar algunos de los problemas más severos que enfrentan nuestros jóvenes.
¿Por qué no invertir en una nueva estrategia para la atención de la salud mental de los adolescentes y los jóvenes de la entidad? ¿De verdad las autoridades y el Congreso nos pueden decir de manera seria que no hay recursos para instalar al menos líneas de atención telefónicas de atención que garanticen el anonimato y que ofrezcan la atención e intervención en situaciones de crisis o para la orientación sexual, reproductiva y en materia de adicciones para los jóvenes?
¿Nos pueden aclarar los gobiernos estatal y municipales qué es más importante que generar condiciones para el adecuado desarrollo de los jóvenes y la garantía de que en el futuro próximo podrán incorporarse a un mercado formal de empleo que les dé certeza de ingreso y prestaciones sociales?
Estas preguntas están ahí desde hace más de 15 años y en este lapso no ha habido una oferta que considere a las y los jóvenes como un grupo de población que requiere políticas específicas, y que esté diseñada para garantizar plenamente el conjunto de sus derechos.
Lo que está en juego es nada menos que nuestro futuro y es momento de que aunque no voten, las y los políticos se tomen en serio la tarea de gobernar y de comprender que, aún cuando suene trillado, del bienestar y pleno desarrollo de nuestros jóvenes, depende el pleno desarrollo de nuestra entidad.

domingo, 16 de diciembre de 2007

Urge otra estrategia anti-pobreza. La Crónica


Por: Saúl Arellano Opinión
Domingo 16 de Diciembre de 2007 Hora de publicación: 00:45
Cuando una persona acude con un médico para atender sus enfermedades, hay varios escenarios a considerar. En todos los casos, lo esperable es que el médico realice un diagnóstico y prescriba al paciente fármacos y quizá alguna dieta específica para curar sus males. Si el medicamento es adecuado, y el cuerpo del paciente receptivo a sus efectos, habrá éxito en el tratamiento; si por el contrario, el medicamento no es el apropiado, o bien el cuerpo del paciente no lo recibe adecuadamente, el padecimiento no sólo no desaparecerá, sino que puede incluso volverse crónico o bien, mucho más grave.Pese a lo anterior, hay todavía un escenario peor: Que el médico no haya realizado un buen diagnóstico o quizá ninguno, y que para prescribir un medicamento se haya basado sólo en referencias de otros médicos, y con base en ello, su indicación sea sólo continuar con el tratamiento que se había venido suministrando al paciente.Algo similar ocurre en nuestro país cuando se habla del tema de la pobreza. El actual gobierno y la administración 2000-2006, decidieron dedicarse sólo a “administrar la pobreza” y a aplicarnos las mismas “recetas” que hemos conocido en los últimos 10 años.La mayor irresponsabilidad en que puede incurrir un gobierno es en no asumir la tarea de realizar diagnósticos sociales adecuados, y con base en ello construir un conjunto de políticas que permitan resolver los problemas sociales más urgentes, y que simultáneamente abran la posibilidad de modificar los rezagos estructurales que afectan o impiden el cumplimiento de los derechos humanos y sociales de la población.Si se revisa el Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos Estratégicos de la Política Social, así como el Programa Sectorial para el Desarrollo Social 2007-2012, lo primero que puede sostenerse es que no hay un diagnóstico ni una comprensión adecuada sobre los problemas estructurales que vive el país. Debe señalarse, por ejemplo, que aún cuando el Programa Sectorial de Desarrollo Social fue fechado como 2007, fue presentado hace no más de un mes, por lo que su aplicación real será sólo para el periodo 2008-2012, es decir, llevamos ya un año perdido en la generación de estrategias y de políticas y programas que vayan más allá de lo que se ha hecho hasta ahora en la materia.Por otro lado, si se revisan cuidadosamente sus contenidos, lo que se encuentra es que no hay una sola mención a estrategias que permitan abatir la desigualdad que se vive en nuestro país; la mención más cercana a esta idea es la reducción de las disparidades regionales en materia de provisión de servicios sociales básicos; empero, es evidente que una estrategia que continúe poniendo el énfasis en las acciones que han venido desarrollándose desde el Programa Nacional de Solidaridad, tendrá seguramente, de manera paradójica, pobres resultados en su afán de reducir la pobreza.Y es que es ahí en donde debe ponerse el énfasis. La actual administración no ha comprendido que no se trata sólo de reducir el número de pobres; que no se trata sólo de abatir la marginación; se trata de comprender que ambas son producto de un problema mucho más complejo, y que tiene sus raíces en arraigadas estructuras económicas e institucionales que han generado y profundizan cada vez más la desigualdad en nuestro país.Volviendo al ejemplo del médico, la actual administración y la anterior, han confundido el síntoma con la enfermedad, lo cual los ha llevado trágicamente al diseño de políticas no apropiadas, porque simplemente no pueden resolver el problema de fondo: una desigualdad atroz, un mercado de bienes y servicios sociales excluyente, y una distribución del ingreso que hace cada vez más ricos a unos cuantos, y más pobres a inmensas mayorías.Por ello, la estrategia gubernamental de resolver el problema de la pobreza teniendo como principal instrumento al Programa Oportunidades está destinada al fracaso. Esto es así, no sólo por los errores conceptuales y de diseño que llevan a este programa a ser excluyente de los más pobres (Oportunidades, no opera donde no hay escuelas o centros de salud), sino sobre todo, por un problema de concepción de lo social, y es ahí donde está la ceguera de los funcionarios federales.El Programa Oportunidades constituye sin duda un importante esfuerzo de asistencia social. Empero la asistencia social no basta para reducir la desigualdad ni las condiciones de exclusión en que vive cerca de la mitad de la población nacional. No se trata pues, de abandonar los programas de asistencia, como Oportunidades o los programas alimentarios del Sistema Nacional DIF; se trata sí de generar las condiciones de acceso a oportunidades, pero más aún, de acceso a garantías para hacer efectivos los derechos que la Constitución nos otorga a todas y todos.Ahí radica precisamente la diferencia en las visiones y a mi juicio, el error en la concepción social de los tecnócratas; esto es, asumen que la transferencia de recursos económicos de manera condicionada, permitirá el acceso a mayores oportunidades de salud, educación y alimentación, que son los componentes de Oportunidades; empero, el error no consiste en asumir que es con la generación de ingresos como se resuelve el problema; el error radica en asumir que la educación, la salud y la alimentación son mercancías que pueden estar sujetas a las reglas y juegos del mercado. Lo anterior implica asumir que el hambre, la enfermedad y la ignorancia, que serían los correlatos de los servicios que pretenden “otorgarse” a los más pobres, son cuestiones económicas, despojadas de toda dimensión ética y por lo tanto, relativa a los arreglos y pactos sociales que pueden darle viabilidad y sentido a una nación, en este caso, nada menos que a la nuestra.Si se asume que la salud de las personas, su educación y su alimentación son partes consustanciales del mercado, entonces sin duda que los diseñadores del Programa Oportunidades y de la estrategia de combate a la pobreza tienen razón.Empero hay quienes continuamos argumentando que la salud, la alimentación y la educación (sólo por citar los derechos involucrados en el debate con respecto a Oportunidades) constituyen elementos esenciales en la garantía del mayor bien de las personas, que es su dignidad, y con ella la posibilidad de realizar sus proyectos de vida con libertad. Al respecto vale la pena añadir, sólo por si quedan dudas, que la dignidad no puede estar sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, y mucho menos puede llegar a tasarse en términos monetarios o financieros.Así, mientras no haya un planteamiento serio en torno a dotar al Gabinete Social de capacidades para incidir en el diseño presupuestal; en la política económica para generar empleos dignos para todos; así como en las políticas hacendarias para lograr abatir la desigualdad, lo que estaremos haciendo nuevamente es, intentar curar el cáncer, prescribiendo “mejoralitos”. Continuar atendiendo la pobreza con programas de asistencia social; y continuar confundiendo a la desigualdad con la pobreza, constituye, parafraseando a Carlos Marx, continuar poniendo a la carreta delante de los bueyes y pretender que aún así la carreta avance; y esto es un despropósito que no podemos permitirnos más.
sarellano@ceidas.org

miércoles, 12 de diciembre de 2007

Guanajuato, reprobado en derechos humanos. El Correo

Por Saúl Arellano
Miércoles, 12 de Diciembre de 2007

El día lunes 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este día fue establecido para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la fundación de las Naciones Unidas, y su declaración de principios, basados todos en los calores de la tolerancia, la equidad, la no discriminación, la justicia y la defensa de la dignidad humana.
Esta fecha debe ser motivo para llamar a una reflexión mayor, en todos los órdenes y niveles de gobierno, a fin de establecer con precisión cuál es el grado de cumplimiento de los derechos humanos, y cuáles son los principales ámbitos de oportunidad que se tienen para lograr que los derechos humanos sean cumplidos para todos en todo momento y en todo lugar.
En nuestro estado, lamentablemente no se ha logrado construir una tradición sólida de defensa de los derechos humanos en los últimos 30 años. Debe decirse que hay organizaciones de la sociedad civil que han trabajado incansablemente para lograrlo; empero, este trabajo no ha logrado permear a las autoridades ni a las principales instituciones de la entidad.
Afirmar lo anterior es muy fuerte y deben ofrecerse argumentos para sostenerlo. Para hacerlo, ofrezco a los lectores los siguientes, en el ánimo de generar un diálogo serio en torno a este tema que involucra nada menos que las cuestiones relacionadas con la calidad de vida y la dignidad de las personas en nuestro estado. Debe señalarse pues, que el análisis del grado de cumplimiento de los derechos humanos no es un asunto de percepciones, y que hay elementos que permiten realizar un estudio responsable, entre los que destacan:
Primero: el grado de cumplimiento de los derechos humanos en una sociedad, así como los compromisos gubernamentales en la materia pueden conocerse a través del diseño de los Planes de Gobierno, así como en los contenidos específicos de los programas públicos. En el caso de Guanajuato, derivado de una lectura detallada de los últimos dos Planes Estatales de Desarrollo, se desprende que no hay un enfoque de derechos; no hay una inclusión efectiva de los principios de la no discriminación y la equidad de género; ni mucho menos hay un énfasis adecuado en materia de diversidad, libertad de creencias, libertades y derechos sexuales y reproductivos, así como derechos específicos de grupos de población vulnerable.
Segundo: los derechos humanos pueden defenderse y hacerse efectivos a través de mecanismos específicos contenidos en las leyes y en los ordenamientos jurídicos. En este ámbito, a pesar de que se ha avanzado en algunos temas (gracias sobre todo a la presión de grupos y organizaciones no gubernamentales comprometidas con los derechos humanos), hay deficiencias abismales en el marco jurídico para la protección, garantía y acceso a mecanismos suficientes para el cumplimiento de los derechos humanos y sociales.
Tercero: el análisis de los resultados de las políticas públicas permite sostener que en Guanajuato los gobiernos, tanto estatal como municipales, carecen de la inteligencia social, así como de una posición firme y comprometida con los derechos humanos y sociales de la población.
En efecto, John Rawls y Amartya Sen, por citar sólo a dos autoridades globales en temas de justicia y equidad, nos han mostrado cómo el incumplimiento de los derechos sociales reduce todas las capacidades para garantizar la libertad plena de las personas, y con ello, establecer sólidos fundamentos para la democracia.
Una sociedad con los niveles de desigualdad que existen en Guanajuato, medibles objetivamente a través del Índice de Gini, del Índice de Rezago Social del CONEVAL, de los índices de Marginación del CONAPO, del Índice del Desarrollo Humano del PNUD, o de los Índices de los Derechos de los Niños de UNICEF, es una sociedad que incumple los derechos humanos y cuyos gobiernos pueden ser señalados como irresponsables e ineficaces.
No se trata de que nos digan que se han entregado miles de despensas o apoyos y becas. Tampoco se trata de que se nos diga que se ha avanzado mucho y que se han invertido cuantiosos recursos para lo social. La política y los gobiernos se evalúan por la eficacia y los resultados de sus ofertas y acciones, y lo que hoy tenemos en Guanajuato es un fracaso monumental en términos del cumplimiento integral y universal de los derechos humanos. Lo deseable es que las autoridades tomaran nota, pero lamentablemente, lo esperable, es que sigamos viendo cómo aumentan las brechas de desigualdad, que amenazan con convertirse en abismos insalvables.

domingo, 9 de diciembre de 2007

El Día Internacional de los Derechos Humanos. La Crónica

Periódico La Crónica
Por Saúl Arellano. Domingo 09 de diciembre de 2007
El día de mañana (10 de diciembre) se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde 1950, con la Organización de las Naciones Unidas instó a todos sus Estados Miembros a conmemorar este día y a desarrollar actividades que permitieran, año con año, mejorar el grado de cumplimiento de los derechos en cada uno de los países.Así, el próximo 2008 se estarán celebrando 60 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que el Sistema de las Naciones Unidas ha hecho un nuevo llamado a todos los países a generar acciones que garanticen los valores básicos de la citada Declaración, a saber: la dignidad humana, la no discriminación, la igualdad, la equidad y la universalidad los cuales deben aplicarse a todos, en todos los lugares y en todo momento. Invocar la exigencia del pleno cumplimiento de los derechos humanos requiere tomar posición, y esto puede hacerse al menos en dos sentidos: el primero, un constante diálogo y exigencia ante las autoridades para que cumplan con todo el catálogo de los derechos inherentes a las personas; y el segundo, como una actitud personal que apela a la responsabilidad, la comprensión y la solidaridad con los otros. Sin duda, ambos sentidos deben ser considerados irrenunciables.En el siglo XXI, parece que existe un consenso generalizado a escala planetaria de la necesidad de, en contextos democráticos, defender a ultranza el cumplimiento de los derechos humanos. Lo que es más, distintos países en los que los derechos humanos no se cumplen a cabalidad, han sido objeto de sanciones de la comunidad internacional restringiendo su participación en foros internacionales o bien, en el acceso a mercados y dinámicas de integración económica.Aun con ello, habría que considerar distintas dimensiones pendientes en materia de cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo. Debe considerarse en efecto, que hay un conjunto de circunstancias que impiden la realización de los derechos más elementales de las personas. En esa lógica, todos debemos comprender que los derechos humanos no están relacionados sólo con las garantías civiles y políticas, sino con un conjunto de derechos sociales que permitirían, de cumplirse cabalmente, el acceso a oportunidades y capacidades para tener una vida digna.En nuestro país ha habido avances importantes en materia de derechos humanos. Hemos signado y ratificado distintas Convenciones, Acuerdos y Tratados, así como sus instrumentos de aplicación, en distintos temas, entre los que destacan: derechos de los niños, no discriminación, prevención y erradicación del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de into-lerancia, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, derechos de los adultos mayores, protección del medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas, vivienda, migración y otros no menos importantes.A pesar de ello, en México tenemos enormes saldos pendientes, particularmente en materia de cumplimiento de los derechos sociales de las personas (que en todos los casos son derechos humanos). Seguimos siendo un país con una presencia intolerable de pobreza, y en particular de una pobreza extrema que tiene características que lastiman y atentan contra la dignidad y la integridad de las personas que la padecen.La pobreza, pero sobre todo la desigualdad son siempre infamantes; esto es, sitúan a las personas, en circunstancias de alta vulnerabilidad, pero sobre todo en la posibilidad de sufrir y vivir el rechazo, la discriminación o la humillación. Carecer de lo mínimo indispensable para comer, para educarse y educar a sus hijos; para tener acceso a la salud y a medicamentos de manera oportuna y con calidad, implica una constante pérdida de autoestima, un creciente rechazo social y nuevamente, una constante humillación.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga a todos derechos irrebatibles e irreductibles: libertad, no discriminación, educación, salud, vivienda digna y decorosa, un medio ambiente sano, empleo digno, libertad de ocupación y profesión, libertad de creencia, religión, asociación y tránsito, así como derecho a la propiedad, y todos los demás considerados dentro de las llamadas “garantías individuales”. Si esto es así, la pregunta que queda sin respuesta es, ¿cómo hacer valer estos derechos? ¿Ante qué tribunal o tribunales puede una persona exigir el cumplimiento de su derecho a la salud, cuando ha perdido su empleo, su acceso a la seguridad social, o bien, cuando una persona no ha visto realizado su derecho a la alimentación o a la educación por falta de recursos económicos?La pregunta tiene implicaciones mayores, porque debe decirse que si se trata de derechos reconocidos por la Constitución, que además son explicados y ampliados en sus características por leyes de observancia obligatoria en toda la República, entonces son, primero, garantías indisponibles, esto es, son garantías a las que las personas no pueden renunciar o cuyo incumplimiento no puede justificarse en ningún caso; más aún cuando se trata de niñas y niños, personas con discapacidad o adultos en edad avanzada y altos niveles de dependencia económica, social y afectiva. Y segundo y quizá más importante, porque al ser derechos plenamente reconocidos con carácter universal por la Constitución, no podrían de ningún modo estar sujetos a la disponibilidad de los recursos económicos, públicos o privados, para su cumplimiento.Lo anterior significa que los derechos humanos, su cumplimiento y garantía no pueden estar sujetos a las dinámicas de la oferta, la demanda y el libre mercado, pues es inaceptable considerar a los derechos humanos y sus garantías como bienes equiparables a mercancías, o más aún, a las baratijas de un mercado global que es cada vez más agresivo, excluyente y desigual.Por otro lado, existen agravios no resueltos que impiden hablar de un país en el que los derechos humanos tengan plena vigencia. El caso de Lydia Cacho; de los periodistas asesinados en el cumplimiento de su trabajo; los agravios no aclarados en contra de comunidades y pueblos indígenas, cometidos por supuestos grupos paramilitares; las constantes denuncias interpuestas por abuso de autoridad de múltiples corporaciones policiacas; las constantes denuncias de desapariciones forzosas de activistas políticos; los abusos cometidos por distintas autoridades como resultado de los operativos en contra del narcotráfico, son sólo algunos de los temas que deben abordarse con mucha seriedad y que exigen respuestas prontas y claras si queremos de verdad avanzar en la construcción de una sociedad en la que los derechos humanos sean una realidad palpable.México no puede esperar más a tener justicia efectiva, así como condiciones de acceso a una vida digna para todos. La pobreza, y nuevamente, la desigualdad que nos oprime y ofende a todos, aun a los más privilegiados, son condiciones humillantes que deben cesar desde ya. Un Estado que se dice fundado en la razón y el derecho, no puede aceptar como condición generalizada la inequidad; pues una sociedad en la que inmensas mayorías están expuestas a perderlo todo, y casi siempre tener la oportunidad de ganar muy poco, es una sociedad que ha extraviado su racionalidad, pero que sobre todo, está muy lejos de poder ser presentada como una sociedad éticamente cimentada. sarellano@ceidas.org

miércoles, 5 de diciembre de 2007

El VIH y otros problemas de salud pública. Periódico El Correo Guanajuato

Por Saúl Arellano

Miércoles, 05 de Diciembre de 2007

El pasado día 1º de diciembre se conmemoró en todo el planeta el día mundial de la lucha contra el VIH-Sida. A pesar de que esta pandemia está entrando en una fase de estabilización en México, hay condiciones que pueden propiciar una regresión y un nuevo periodo de crecimiento, sobre todo en entidades en las que los derechos sexuales y reproductivos de las personas particularmente de los jóvenes, no se respetan a plenitud.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, entre 1983 y el 2006, en México se han registrado un total de 105, 170 casos de VIH-Sida, de los cuales, 2,575 se han reportado en el estado de Guanajuato (más de 110 casos por año en promedio en la entidad). Sin embargo, debe considerarse que de acuerdo con distintas estimaciones, por cada caso confirmado puede haber hasta 3 que no se han diagnosticado o detectado adecuadamente.
Asimismo, enfermedades como la sífilis y la gonorrea, aunque no presentan cifras que puedan ser alarmantes, sí continúan estando presentes en la entidad, cuando son padecimientos que, con una adecuada prevención, deberían estar erradicados y completamente ausentes desde hace varios años.
Por otra parte debe señalarse que aún cuando Guanajuato no tiene los índices más elevados de contagio del virus del papiloma humano en el país, en 2006 se detectaron 246 casos, lo que implica 0.6 casos diarios, un número elevado sobre todo si se considera una vez más que se trata de un padecimiento completamente prevenible y curable si se detecta a tiempo.
Lo lamentable es el hecho de que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud el estado de Guanajuato ocupe el último lugar a nivel nacional en el porcentaje de mujeres en edad fértil que son usuarias de métodos anticonceptivos; y por ello no resulta del todo claro el otro dato, también proporcionado por la Secretaría de Salud, en torno a que en Guanajuato hay un porcentaje de partos atendidos de mujeres menores de 20 años por debajo de la media nacional.
Estos datos deben ser revisados con detenimiento, sobre todo si se considera que las últimas administraciones se han caracterizado por asumir una política más bien conservadora y sobre todo, alejadas de una visión basada en el enfoque de derechos y de pleno cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes; no hay que olvidar que Guanajuato fue uno de los estados que rechazaron los libros de texto que contenían información sobre salud sexual y reproductiva en primaria y secundaria, lo cual constituye una clara violación a los derechos humanos de los jóvenes y los niños de la entidad.
No debe olvidarse tampoco que en Guanajuato no hay una Ley que proteja los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, y que es una de las entidades que mantienen una edad mínima distinta para contraer matrimonio para hombres y mujeres, haciendo de visiones confesionales, políticas de gobierno y políticas legislativas, pues tampoco en el Congreso se han presentado iniciativas que remedien esta situación que además, ha sido observada por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU , en sus recomendaciones de 2006 al Estado Mexicano.
Los problemas de salud pública son eso: temas de interés general que requieren de decisiones de gobierno, apegadas al derecho y lo que establece nuestra Constitución. Quizá las autoridades estatales de todos los niveles y ámbitos no se han enterado, pero en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se garantizan los derechos de las niñas y los niños, y uno de ellos es precisamente el de la salud, en un sentido amplio y universal, lo cual incluye, sin duda alguna, los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Quizá tampoco se han enterado de que la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado Mexicano, y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación , establece que los adolescentes tienen derecho a recibir información de calidad sobre los métodos anticonceptivos, sobre su salud sexual y reproductiva y que los Estados deben ofertar la disponibilidad de métodos de control natal y prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre ellos el VIH-sida, que sólo por señalarlo, es uno de los temas prioritarios en las metas del desarrollo del milenio, establecidas por los Estados que formamos parte de la ONU.

domingo, 2 de diciembre de 2007

La pobreza, la democracia y el nuevo IFE. Periódico La Crónica

Por: Saúl Arellano Opinión
Domingo 2 de Diciembre de 2007 Hora de publicación: 01:31

La igualdad sin libertad es una quimera, escribiría alguna vez Octavio Paz, en su Tiempo nublado. En efecto, desde hace ya varias décadas se percibía que uno de los mayores problemas para la democracia consiste en garantizar el ejercicio pleno de las libertades, y simultáneamente, el acceso a la garantía universal de los derechos humanos y sociales.La democracia y la equidad social son indisociables; puede decirse que debieran concebirse como conceptos simbióticos, por lo que la suspensión de la realización de uno de ellos, implica la suspensión o al menos la alteración parcial del otro.Al respecto, se han generado distintas discusiones en torno a cómo debe concebirse a la democracia. Se aportan desde definiciones de la democracia entendida como el conjunto de mecanismos procedimentales equitativos, equilibrados y competitivos para el acceso de los ciudadanos al poder; hasta la democracia entendida como una forma de gobierno en la que además se puede tener acceso universal a las garantías sociales y respeto irrestricto al conjunto de derechos humanos que tenemos las personas.Es cierto que la democracia tiene que ver con conceptos como justicia, equidad, igualdad y dignidad. Y en términos prácticos, es preferible que a los políticos pueda exigírseles que asuman un concepto de democracia “adjetivado” para construir nociones tales como la de “democracia social”, entendida como la forma de gobierno en la que el Estado de derecho impera, en la que se respetan y hacen valer los derechos humanos, y en la que todas las personas tienen las oportunidades y las capacidades para acceder a una vida digna.En una noción así, la democracia debe permitir la generación de acuerdos y consensos para privilegiar, ya no los intereses de una mayoría, sino para poner al centro de todas las decisiones públicas, el cumplimiento integral y universal de los derechos humanos y sociales de las personas.Empero, para que una democracia así pueda funcionar, requiere de un diseño institucional y procedimental lo suficientemente sólido como para garantizar que las decisiones de los ciudadanos, en torno a quién y por qué debe gobernar, sean respetadas y acatadas por todos en todo momento.Y esto es precisamente lo que está en juego en estos días en que se renovarán la Presidencia del Consejo General del IFE, más otros espacios de consejeros electorales, que de acuerdo con la nueva legislación electoral, deberán renovarse de manera “escalonada” en los próximos años.El viernes pasado se cerró el registro de los candidatos a ocupar estos cargos, y la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, presidida por Diódoro Carrasco (sin duda uno de los más talentosos y experimentados diputados de esta Legislatura), tendrá la responsabilidad de revisar los casi 500 expedientes, así como las historias profesionales y académicas, de los aspirantes a los cargos señalados.De la larga lista de aspirantes, destacan los nombres de experimentados juristas y académicos, muchos de ellos con trayectorias que deben reconocerse y con aportaciones de suma relevancia para comprender, desde la vida académica, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral mexicano.El cargo de la Presidencia del IFE requiere de un perfil que asegure capacidad jurídica y conocimiento experto del funcionamiento del sistema constitucional y electoral mexicano. Requiere también de una figura que cuente con el reconocimiento de los partidos políticos y requiere, sobre todo, de la garantía de que actuará con imparcialidad no sólo para tranquilidad de los partidos políticos, sino especialmente, de las y los ciudadanos. Aunado a lo anterior, requerimos de un IFE que pueda incorporar visiones no ortodoxas y apertura para la interpretación jurídica y procedimental, que coadyuven a la consolidación de un sistema electoral mexicano que nos dé plena confianza y garantía a las y los ciudadanos de que nuestro voto será en todo momento respetado.En esa lógica, la decisión de quienes serán los nuevos Consejeros del IFE debiera buscar a personas que no forman parte de grupos políticos, o que hayan tomado notoriedad pública por formar parte de redes o círculos asociados casi siempre a espacios de poder.En esa lógica, la búsqueda de candidatos a consejeros del IFE, debiera tomar en consideración, la trayectoria profesional y académica, sí, pero igual peso deberá tener la capacidad de garantizar imparcialidad, así como que, quienes asuman esos cargos, actuarán alejados de las consignas partidistas o al servicio de grupos específicos del poder.Por citar sólo un caso, habría que destacar, por ejemplo, el nombre de Miguel Eraña. Un joven académico originario de San Luis Potosí, doctorado en derecho constitucional en España y experto en temas constitucionales y de protección jurídica de las minorías políticas. Actualmente es académico de la Universidad Iberoamericana, y ha participado como asesor en distintos procesos legislativos, en los que se ha requerido del consenso y el acuerdo de todos los partidos políticos.Perfiles de este tipo, le permitirían al IFE contar con visiones renovadas del derecho, de la política y de una realidad social que se encuentra en un acelerado proceso de transformación y de profunda diferenciación social, política y cultural a lo largo y ancho del país.Erradicar las profundas desigualdades en que vivimos y la lacerante pobreza que sigue campeando en nuestro país, en vastas regiones con el rostro del hambre, la miseria y hasta la muerte, requiere de una nueva forma de hacer política; y eso implica que los ciudadanos contemos con los instrumentos suficientes para controlar a nuestros gobiernos y obligarlos a tomar decisiones que beneficien a todos; y precisamente uno de los instrumentos más poderosos con que podemos contar, es sin duda, el del voto ciudadano.La renovación del IFE, en el contexto de la reforma electoral que se logró concretar en los últimos meses, ha puesto en tensión a muchos grupos políticos y de interés económico. El Congreso ha argumentado que se logró reducir el costo de las campañas y que esos recursos se traducirán en mayor presupuesto social. Esto es importante y era una reforma necesaria. Empero, tan necesario como esto es que contemos con una institucionalidad cada vez más profesional, pero también, cada vez más representativa y comprometida con la ciudadanía.La existencia de un órgano autónomo del Estado, como es el IFE, es un logro mayúsculo de nuestro país y ha significado un importante avance en la democratización de México. En ese sentido, la pluralidad y la tolerancia política han comenzado a ganar terreno en distintas esferas de las estructuras del poder y también en muchas estructuras sociales.Hoy es más que nunca deseable que en el Congreso de la Unión puedan escucharse las voces ciudadanas y las decisiones que se tomen, tengan como principal objetivo garantizar la institucionalidad de nuestro sistema electoral, con miras a la construcción de una nación mucho más generosa e incluyente. Se trata de transitar hacia un país justo, en el que por el hechode ser mexicanos tengamos garantizados, sin regateos, nuestros derechos más elementales.La decisión que se tomará en los días por venir pueden parecer síntomas de nuevos “tiempos nublados”. Habrá que esperar que el Congreso actúe con serenidad, con mucha responsabilidad y con pleno sentido de Patria, porque en mucho, es nuestra democracia y nuestras posibilidades de desarrollo las que están en juego.
sarellano@ceidas.org