Hace tres años tuve la oportunidad de participar en el International Visitors Program, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Este programa incluye una serie de entrevistas con destacados políticos, académicos, funcionarios federales, estatales y de condados, y miembros de organizaciones de la sociedad civil organizada en los Estados Unidos, para discutir y analizar distintos temas relacionados con las bases de la democracia y sus retos en el siglo XXI.Uno de los encuentros más interesantes se realizó en el UCLA’s Institute for Democracy, Education and Access, en el cual se plantearon dos temas fundamentales para la democracia y su futuro en América Latina: el primero, relativo a la incorporación de mecanismos de democracia directa en regímenes representativos, como el nuestro, y el segundo, la necesaria vinculación que existe entre este tema y la necesidad de avanzar hacia el cumplimiento universal del derecho a la educación, a fin de consolidar ciudadanías plenas.Nuestra Constitución Política establece que el régimen de gobierno mexicano es democrático, representativo y federal. El carácter democrático implica que la soberanía emana y reside natural y esencialmente en el pueblo, es decir, en la comunidad política instituida libremente por todos los ciudadanos que la integran. Por su parte, el carácter federal apela al pacto de los estados libres y soberanos para constituir a un sólo Estado nacional, unido por un acuerdo fundacional que se concreta esencialmente en la Constitución y los Poderes e instituciones que tienen en ella su fundamento.Finalmente, el carácter representativo apela a un principio elemental de las democracias masivas, en las cuales es prácticamente imposible que se lleven a cabo procedimientos democráticos directos, como la votación de la comunidad política en la Grecia antigua, en la que era posible que todos los ciudadanos estuviesen reunidos y tomar decisiones por votación directa.En ese sentido, las democracias contemporáneas parten del principio de que, dado que la soberanía radica esencialmente en el pueblo, los ciudadanos, de manera libre, depositan su confianza en representantes populares que participan en el Congreso, el cual, en el caso de nuestro país, tiene una doble función: una es deliberativa, es decir, constituye el principal espacio de debate sobre las cuestiones públicas, y la segunda, la responsabilidad legislativa, esto es, el deber de discutir, aprobar y reformar el marco jurídico nacional.A pesar de esta realidad, ha sido evidente que hay ocasiones en que las decisiones nacionales son de tal trascendencia que se requiere de la opinión de todos los ciudadanos, o bien, en la lógica del control del gobierno y del sistema político en su conjunto, casos en los que es evidente que los grupos políticos representados en el Congreso o en el Ejecutivo no han abordado agendas que son de relevancia para la población.Para enfrentar esas realidades y recabar la opinión ciudadana, las democracias avanzadas han construido mecanismos como el plebiscito o el referéndum, y para el segundo se han diseñado mecanismos como la revocación del mandato para sancionar a funcionarios incompetentes o vinculados a actos delincuenciales, o bien mecanismos como la iniciativa ciudadana o la iniciativa popular.En nuestro país no hemos consolidado estos mecanismos ni hemos logrado generar instrumentos que nos den confianza para que, al momento de su utilización por los gobiernos o las autoridades públicas, no sean objeto de manipulación y terminen en el fondo por traicionar el espíritu democrático que debe animarlos y que debe constituirlos jurídica e institucionalmente.En función de lo anterior, más allá de la relevancia económica y social que implica la reforma petrolera, hace falta retomar este debate desde el punto de vista de los procedimientos democráticos y de los instrumentos con que contamos para hacerlos valer y, más aún, para garantizar que la voluntad y la soberanía popular sean las principales fuentes de decisión legítima de la nación.Para ejemplificar este asunto valga destacar que las propuestas para la garantía de la iniciativa popular y la consulta pública a través del referéndum en el estado de California, en los Estados Unidos, tuvieron como principio básico, de acuerdo con investigadores del ya citado UCLA’s Institute for Democracy, un conjunto de procedimientos institucionales para evitar que los gobernantes utilizaran para beneficio propio o de sus partidos políticos estos mecanismos, que tienen como propósito fortalecer a la ciudadanía y a la democracia.Este tema, además, está íntimamente vinculado a la educación y el acceso a servicios que permitan no sólo la construcción de sólidas carreras profesionales o académicas, sino sobre todo capacidades y valores democráticos. La educación, en esa lógica, es vista como un derecho habilitante para la vida, pero también para el ejercicio de los derechos políticos y sociales, y para asumir responsabilidades ciudadanas.De esta forma, un régimen democrático requiere de un marco de leyes e instituciones diseñadas para la defensa de los derechos ciudadanos y, como contrapartida, una ciudadanía plena, educada y formada en valores y capacidades para la participación en los temas y cuestiones de interés público.El ejercicio que se llevará a cabo el día de hoy en el Distrito Federal en torno al tema de la reforma petrolera ha sido cuestionado por el diseño de las preguntas y por otros temas que a la luz de la discusión sobre el marco jurídico e institucional pueden ser calificadas de nimiedades, porque poco se ha discutido en torno a la necesidad de revisar el marco jurídico en que se fundamenta, en aras de construir una democracia de mayor calidad y que nos permita tener rendimientos crecientes en beneficio de todos.Contar con la figura del referéndum y de la iniciativa popular en el estado de California ha dado la posibilidad de frenar obras de infraestructura que agreden al medio ambiente, acciones de la iniciativa privada que atentan contra los intereses ciudadanos e incluso acciones de gobierno que van contra el espíritu (ni siquiera el texto) de la Constitución y las leyes de aquel país. Lo que es de destacarse en todos estos casos es que en ninguno de ellos hubiese sido imaginable que el gobernador de la entidad, que por sí sola pudiera ser la quinta economía del planeta, o bien los partidos políticos, hubiesen participado de manera directa en el diseño, operación y dictaminación de las consultas y sus resultados.Las consultas a la ciudadanía no sólo son deseables sino exigibles en una democracia avanzada. Lo que es inaceptable es que los gobiernos utilicen instrumentos que deben ser para el fortalecimiento de la democracia para su promoción personal, para el posicionamiento de un partido político y para incrementar el encono, la división y la polarización social.El ejercicio del día de hoy ni es metodológicamente sólido ni tiene como finalidad establecer criterios o determinar con precisión el “estado de percepción” pública sobre un tema, que en este caso es el de la reforma petrolera. Si el jefe de Gobierno de la ciudad tuviese facultades para participar en la dictaminación y votación de las iniciativas en cuestión sería un ejercicio válido. Si esta consulta hubiese sido impulsada por cualquiera de los grupos parlamentarios representados en el Congreso se hubiese justificado plenamente. No ocurre así cuando se trata del mandato de un megalómano que se hace llamar a sí mismo “presidente legítimo”, a través del cual busca paralizar al país, generar nuevas marchas y plantones y llevarnos nuevamente a una parálisis legislativa.En las democracias avanzadas las decisiones de la ciudadanía son soberanas; en las “democracias bananeras”, como la que aún tenemos, se aplican desde instrumentos amañados como la consulta del día de hoy, hasta procedimientos que pretenden situarse por arriba del orden jurídico y procedimental de nuestro país.Mientras que en otras latitudes la ley y el Estado de derecho son las pautas y los márgenes exclusivos de la legitimidad para las decisiones públicas, en México seguimos padeciendo a personajes dignos de un protagónico en las novelas de Ibargüengoitia, lo que lamentablemente nos hace seguir siendo presas de la inobjetable Ley de Herodes.
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