Domingo 13 de Julio de 2008 Hora de publicación: 01:35
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Uno de los principales retos para los gobiernos democráticos contemporáneos, es construir nuevos mecanismos de legitimidad política que en evidencia trascienden el tema de la construcción de procesos electorales transparentes, equitativos y basados en sistemas equilibrados y estables de partidos políticos competitivos.Estos nuevos mecanismos de construcción de legitimidad pasan, en las sociedades abiertas, por la comprensión de agendas que determinan los nuevos patrones de desigualdad y exclusión social, los que, adicionados a las ingentes condiciones de pobreza que estamos presenciando en México, dan como resultado duros núcleos de desesperanza social; frustraciones individuales y colectivas, así como, en el agregado, una nación dividida y a estas alturas confrontada entre muchos sectores y regiones.La exclusión social es un concepto que nos permite dimensionar las nuevas aristas de los problemas sociales a que nos enfrentamos. Así, en el siglo XX, la pregunta que se hacían muchos sociólogos y filósofos era, como apunta Castell, cómo evitar y mitigar la explotación laboral. Sin embargo, a partir de las dos últimas décadas de los 80, el desempleo masivo a escala global; las consecuencias de pérdida de productividad y oportunidades que se están generando como consecuencia del cambio climático; así como la persistencia de patologías como el racismo y la discriminación, se han situado como las nuevas coordenadas que nos obligan a pensar que hoy hay millones de personas que no “aspiran” siquiera a los ámbitos de explotación del siglo XX. Son los verdaderos excluidos que hoy carecen de toda expectativa de acceder a la plena garantía de sus derechos humanos y sociales.Ya Ralf Dahrendorf había advertido de este fenómeno desde la década de los 80, cuando comenzó a hablar de la formación de una nueva categoría sociológica a la que denominó los “underclass”, es decir, los “desclasados”; los que al estar marginados de todo contacto con el mundo institucional de nuestras democracias, han perdido no sólo la posibilidad, sino quizá hasta el deseo de pertenecer a una comunidad.Pensar la exclusión social en estos términos nos permite abordar uno de los temas en los que México tiene una de sus mayores deudas históricas: el cumplimiento de los derechos de las personas con alguna discapacidad o necesidad especial. El movimiento nacional de personas con discapacidad, comenzó desde la década de los 70; empero, fue hasta la década de los 80, nombrada como el “Decenio de las Naciones Unidas por la Discapacidad”, cuando el tema de las discapacidades comenzó a tomar mayor visibilidad pública.Fue sólo hasta 1995, cuando el Gobierno Mexicano creó el Primer Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Este programa, que funcionó durante seis años bajo el acrónimo de CONVIVE, y el cual contaba con ocho subprogramas que buscaron darle integralidad y amplitud a las acciones públicas dirigidas al cumplimiento de los derechos de este grupo de población. En sólo seis años, se logró que prácticamente en todas las entidades del país se contara con leyes específicas para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, y se lanzaron ambiciosas iniciativas para lograr la construcción de rampas de acceso, eliminación de barreras arquitectónicas, generación de empleo y mejorar la cultura de tolerancia, integración y respeto a los derechos de los discapacitados. Adicionalmente, se inició el proyecto del Instituto Nacional de Rehabilitación; se impulsó el modelo de las Unidades Básicas de Rehabilitación que operan a nivel municipal y se diseñó toda una campaña para impulsar una nueva cultura de tolerancia e integración social.Con el sexenio del señor Vicente Fox y la pésima intervención de funcionarios sin experiencia y conocimiento del tema, el programa señalado se fue a la borda, pues la dimensión que se le dio a esta agenda en la pasada administración, se redujo a una oficina de lucro personal de los amigos de la pareja presidencial, encargada de organizar festivales y “kermeses”, renunciando al esfuerzo público requerido para atender esta agenda.En la presente administración el tema de la discapacidad no ha sido motivo siquiera de una reflexión profunda por parte de las áreas del desarrollo social y la asistencia social. El Sistema Nacional DIF, desarticulado y sin capacidad de dirección, no cuenta con las capacidades, recursos o habilidades, para innovar y propiciar una nueva generación de servicios que puedan mejorar lo que se ha hecho.En medio de esta desarticulación, esta semana apareció un desplegado en el que, mayoritariamente jóvenes y mujeres con discapacidad, le solicitan al titular del Ejecutivo considerar que la representación de México ante Naciones Unidas, a fin de continuar defendiendo y posicionando el tema de la discapacidad y el cumplimiento del derecho a la no discriminación, siga encabezada por Don Gilberto Rincón Gallardo.Con todo el respeto que merecen los actuales funcionarios de la Presidencia, dudo mucho que haya alguien con las capacidades, la inteligencia, el prestigio y la calidad moral de la talla que ha acreditado Don Gilberto, como para suponer que hay razones suficientes para evitar que sea él quien lleve esta representación la que, además, hay que decirlo, ha sido destacadísima tanto en Durbán, Sudáfrica, como en la recientemente aprobada Convención de la ONU para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.El mensaje que implica evitar que sea Don Gilberto Rincón Gallardo quien represente a nuestro país, es riesgoso para la Presidencia, pues a final de cuentas, lo que estaría mostrando es que no se ha terminado de comprender que uno de los peores lastres sociales que mantenemos en nuestro país es la discriminación, la cual es sin duda alguna, una de las principales causas de exclusión de millones de personas que por su apariencia física, el color de la piel, su preferencia sexual, su pertenencia étnica o creencias religiosas, continúan siendo marginados y excluidos de muchos espacios sociales.El mensaje que se estaría enviando desde la Presidencia es que el Conapred seguirá siendo sólo una institución para “calmar a las buenas conciencias”; y no la institución democrática y de avanzada en el pensamiento social que Rincón Gallardo ha impulsado, y que ha logrado convocar a su Asamblea Consultiva a personalidades como Roberto Blancarte, Judit Bokser o Mario Luis Fuentes, entre otros.Así, el análisis del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Salud, permiten sostener que la agenda de la discapacidad ha sido realmente abandonada por esta administración federal, y que aun con los esfuerzos que realizan muchas organizaciones de la sociedad civil, no es ni será suficiente para generar una visión integral que busque la plena integración social de este grupo poblacional, desde la perspectiva del cumplimiento universal de sus derechos.Una sociedad convivencial no puede fundarse en la discriminación y en la política de los discursos políticamente correctos. En México las personas con discapacidad son quienes menor promedio educativo tienen: cinco grados de escolaridad; en México, proporcionalmente hablando, son las niñas y niños con discapacidad quienes menos oportunidades de educación y salud tienen; en México, las mujeres con discapacidad son el grupo con menor participación económica registra. Y en México, no fuimos capaces de incorporar en el 2005 una pregunta en el Conteo de Población y Vivienda de INEGI, que nos permitiera actualizar la información con respecto a este grupo, a fin de tomar mejores decisiones y diseñar mejores políticas.En conjunto, esto no puede sino señalarse como un deliberado olvido gubernamental, que muestra cómo la política social sigue fragmentada, sin coordenadas claras y sin la capacidad de incorporar en sus diseños, agendas tan complejas, dolorosas y profundas como ésta.
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