Domingo 23 de Noviembre de 2008 Hora de publicación: 00:07
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=399692
No hay nada peor, como diría el clásico del Bajío, José Alfredo Jiménez, que “tropezar de nuevo, y lo peor, con la misma piedra”. Esta puede ser la más breve explicación de la gran tragedia económica que estamos presenciando y que poco a poco comienza a llegarnos como un viento frío que pronto comenzará a sentirse en su verdadera magnitud de huracán.El pasado 8 de junio de este año, escribí aquí en Crónica el artículo titulado “Lo que nos faltaba, hay más pobres”, mismo que incluso fue retomado en el Senado de la República como parte de una Exposición de Motivos para reformar al artículo 25 constitucional. El 24 de agosto volví sobre el mismo tema aquí en Crónica, con el título “La crisis del hambre no cede”, en el que retomaba algunas de las proyecciones de The Observer, la revista del New York Times, en la que junto con la FAO, se estimaba que en el mundo podría incrementarse hasta en 100 millones el número de hambrientos, de los cuales, tomando como referencia las estadísticas sobre ingreso y población tanto de Conapo como de INEGI, era esperable que en nuestro país el incremento fuera de hasta un millón más de pobres alimentarios, y quizá cuatro millones más de pobres de patrimonio.En estos y en otros artículos había señalado que era indispensable revisar el papel de las instituciones y de los mecanismos tanto de distribución del ingreso, como en materia de regulación y control del Estado sobre la economía. Las reacciones no se hicieron esperar y recibí de algunos funcionarios comentarios en los que se me acusaba de “catastrofista”, “pesimista” y obvio, de ser un “crítico sin fundamentos del gobierno”.Es lamentable tener que llegar al “se los dijimos”; pero en este caso es inevitable sostenerlo. Fuimos muchos los que advertimos que la crisis en Estados Unidos de Norteamérica venía con todo, y que desestabilizaría radicalmente a la economía global. En Hacienda se empecinaron en decirnos que era una ligera gripe; después se pasó a la “teoría del contagio leve”, y ahora, el titular de la dependencia nos advierte, casi en tono de profeta, que esta es la peor crisis económica de la era moderna, pues puede rebasar en consecuencias a la crisis de 1929 (¡¿de verdad?!).En la Sedesol ocurrieron cosas similares. Primero se nos dijo que el gobierno estaba preparado por si los emigrantes regresaban; luego se nos dijo que lamentablemente las medidas que se implementaran serían insuficientes, y después se llegó a la propuesta insólita, en boca del titular de la dependencia, de promover la engorda masiva de gallinas y puercos para contener la crisis.La Secretaría de Economía ha brillado por su ausencia en este debate, y la Secretaría del Trabajo igualmente, en voz de su titular, nos anunció que “faltaba más”, aquí habríamos de generar los empleos que se requerirían para recibir a los paisanos que perdieran sus puestos de labor en Estados Unidos; la pregunta es ¿y por qué no se habían creado antes, para evitar que arriesgaran la vida al irse?En medio de todo esto, la Vicepresidencia Económica en que se ha convertido la SHCP, como lo ha sostenido reiteradamente Rolando Cordera, hizo caso omiso de todos sus críticos y se limitó a mal regular incluso las subastas de dólares de nuestras ahora mermadas “súper reservas”, gracias a la codicia e impudicia tanto de los funcionarios que autorizaron el “ataque especulativo” contra el Peso, como de las empresas que bajo la lógica de “a río revuelto …”, quisieron hacer negocios a costa de la estabilidad financiera y económica del país.En lugar de confrontar a los especuladores; en lugar de revisar y de modificar las normas sobre las que funciona el capital en México, la mayoría de los funcionarios continúan actuando como si fuesen sólo “gerentes del sector público” el que, en consecuencia, pareciera dedicado a la administración y protección de los intereses de los privados.Gran lección la que tuvimos esta semana a través de la comparecencia ante el Senado norteamericano de los presidentes de las tres compañías automotrices más importantes de aquel país, y obviamente, de las más poderosas del mundo: General Motors, Ford y Chrysler, representadas por sus presidentes, solicitando al Congreso la nada despreciable suma de 25 mil millones de dólares para “rescatar” a estas empresas de una posible quiebra y extinción.La lección no consiste, sin embargo, en la petición de aquella suma; sino antes bien en el tono y la posición asumida por el senador, Harry Reid, líder del Senado, quien junto con Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, fueron sumamente enfáticos en su advertencia: “si no nos muestran un plan integral de rescate, no de sus empresas, sino del sector automotriz, en correspondencia nosotros no les mostraremos el dinero”. Además, con un plazo límite: el próximo martes 25 de noviembre, el cual puede significar la fecha de la transformación del mercado mundial de los automóviles, si es que efectivamente las compañías no construyen y presentan un plan integral.Esta posición de los representantes norteamericanos no sería concebible si no fuera por el sistema democrático que rige en aquel país, aún con las críticas que ha recibido y las sin duda necesarias reformas que requiere llevar a cabo para modernizarse. Esto es así, porque los representantes tienen claro que su posición se la deben al ciudadano y no están dispuestos a pagar el costo de darle la espalda a los votantes al utilizar el dinero de los impuestos en el rescate de empresarios que, por irresponsables o codiciosos, han puesto al borde de la ruina a sus empresas y en una severa crisis a todo el planeta.Sería difícil ver que los legisladores en nuestro país asumieran una posición así; primera porque el Senado no tiene la facultad de investigar y citar a comparecer a los privados; y segundo, porque la historia reciente nos ha enseñado que muchos legisladores le deben sus cargos, no a la ciudadanía, sino a una camarilla de intereses ante los cuales responden y obedecen.Así las cosas, nos enteramos también esta semana de que las administraciones de las Afores han ganado mucho dinero, mientras que muchos de los trabajadores afiliados en ellas han perdido una buena parte de su patrimonio como resultado de la crisis. Con este tema, se vuelve un vez más a la cuestión de fondo: las instancias de regulación económica de este país han sido usurpadas por instancias privadas, y así no habrá reforma posible que nos lleve a un sistema económico de competencia justa sí, pero también de distribución de competencias y responsabilidades teniendo como fin último la protección de los intereses ciudadanos.En 1982 se “oficializó el saqueo”. En 1997 el Fobaproa hizo legal otro “atraco monumental” a las arcas nacionales. Hoy, pueden darse cuantos ataques especulativos se quieran, los bancos pueden seguir cobrando altísimas comisiones; pueden seguir existiendo monopolios; puede seguirse sacando dinero de las arcas públicas con toda impunidad y las Afores pueden seguir atentando en contra de los intereses de los trabajadores, al fin y al cabo no hay ningún empacho de las autoridades en salir a decirnos, casi ingenuamente que el robo a los dineros públicos fue simplemente legal.Hay que insistir en que si bien la crisis es económica, muchos de sus orígenes están en una profunda crisis ética y política. A dos años del Bicentenario y del Centenario de nuestra Independencia y nuestra Revolución, es lamentable la actitud histórica que estamos asumiendo: ante la impunidad, la sumisión; ante la desvergüenza de la mayoría de los políticos, el silencio. Es momento de renunciar a esta tragedia que pareciera nos gusta protagonizar, y resistirnos a que mañana nos digan una vez más: “lo sentimos, ya nos volvieron a saquear”.
http://saularellano.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario