La pobreza puede ser asesina en muchos casos. Lo es, cuando priva a las personas de acceso a los servicios esenciales para realizar sus derechos más básicos: la salud, la alimentación y la educación. Lo es además, cuando quienes están privados del cumplimiento de estos derechos son niñas y niños, y más aún cuando no han cumplido los cinco años de edad.Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio consiste en reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil en el año 2015. Al respecto es preciso señalar que a pesar de los progresos que se han logrados, éstos serán insuficientes a escala global para cumplir la meta que el mundo se fijó a sí mismo.¿Cuánto vale una vida? Esta es la pregunta con la que abre el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2008, dedicado a la supervivencia infantil. Aun cuando el planteamiento de UNICEF en este informe se centra en mostrar cómo la protección de la vida de los niños es invaluable, a ello deben agregarse dos precisiones.La primera es relativa a mi afirmación de que la pobreza puede ser asesina. Planteado así, en abstracto, pudiera llegar a pensarse que la pobreza es un mal inevitable; quizá hasta una prueba divina o incluso una parte sistémica del funcionamiento natural de los mercados. A estas visiones habría que contraponer la afirmación de que en el fondo la pobreza tiene responsables, y en ese sentido, la pobreza puede ser superada o al menos aun en las posiciones más conservadoras, profundamente atemperada.La segunda precisión que debe realizarse consiste en afirmar que ante la pregunta de ¿cuánto vale una vida?, en todo el mundo los gobiernos se han encargado, si no de ponerle precio, sí de regatear y anteponer prioridades de gasto que antes que pugnar por el bienestar y los derechos humanos, auspician y alientan ámbitos de la política y la economía como la compra-venta de armas y los gastos relacionados con la industria militar y la llamada “seguridad global”.Algunos datos extraídos del “Small Arms Survey, 2007” sirven para dar una idea de las dimensiones que implican mis afirmaciones: sólo la población civil en 2006 era propietaria de más de 650 millones de armas; 270 millones de ellas ubicadas en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que da un promedio aproximado de 90 armas por cada 100 personas en ese país. Cada año se producen en el mundo entre 530 y 570 mil fusiles de asalto, más del 60% ubicados en los países en desarrollo.Lo anterior, se traduce sin duda en un tema paradójico pues si se compara el gasto destinado como porcentaje del PIB, aún son muchos los países que continúan destinando un mayor gasto al capítulo de la “defensa”, que al de la salud o la educación. Como resultado es lamentable que en todo el planeta el 11% del PIB se destine a los gastos militares, y que sólo el 5% a gastos en educación. Visto por regiones, sólo en América Latina y los países desarrollados el porcentaje del PIB destinado a la educación es comparable o mayor al gasto en defensa; y debe decirse que aún así es insuficiente.Los datos que se presentan tienen como finalidad sostener una idea: las muertes de niñas y niños por causas prevenibles no tienen ninguna justificación en un mundo en el que se destinan miles de millones de dólares para armar ejércitos, y en el siglo XXI, incluso a millones de civiles que, como se muestra en el Small Arms Survey, rebasan los 500 millones.Cada año, desde 1960 hasta ahora, han muerto en todo el planeta más de 10 millones de niñas y niños, la mayoría de ellos en los países más pobres. Esto significa que en sólo 40 años han muerto más de 50 millones de niñas y niños que pudieron haberse salvado de haber existido vacunas, centros de salud, alimentos, médicos o preparación suficiente para las mujeres a fin de que puedan cuidar, hidratar o alimentar adecuadamente a sus hijos e hijas. A lo anterior debe agregarse que cada año mueren también cerca de 500 mil mujeres en el parto o por complicaciones generadas durante el nacimiento. Muertes todas prevenibles y por lo tanto evitables, más de la mitad de ellas relacionadas con la malnutrición y la ausencia de capacidades para garantizar a las niñas y niños al menos de seis meses de amamantamiento exclusivo.El Estado Mundial de la Infancia nos dice que la mortalidad infantil en esa etapa de la vida es un indicador importante del desarrollo de los países, pero sobre todo, una evidencia certera de sus prioridades y valores. Esta es sin duda una de las declaraciones más importantes del Estado Mundial de la Infancia 2008, pues hace énfasis en la convicción exigible a los Estados de establecer medidas para asumir la responsabilidad y el compromiso ineludible de garantizar el cumplimiento universal e integral de los derechos de los niños.No hay ningún argumento ético que permita justificar el estratosférico gasto mundial que hay en armas y defensa, frente al regateo y la limitación permanente que hay siempre que se exigen mayores presupuestos y acciones en pro de construir un mundo apropiado para la niñez.No hay nada que pueda ser considerado más importante para una sociedad que cuidar de sus niños; las posibilidades de la convivencia, de la solidaridad, de la responsabilidad y de respeto a la diferencia sólo pueden construirse en la medida en que una sociedad garantiza de manera plena los derechos de sus grupos más vulnerables y en particular de las niñas, los niños y los adolescentes.En México es urgente redefinir nuestra política de atención a la niñez. Después del lamentable fracaso del Consejo Nacional de Atención a la Infancia y la Adolescencia (COIA), creado por la anterior administración, aún no se ha reconstruido ninguna propuesta de alcances mayores que permita reconducir una política nacional de alcances nacionales y que permita avanzar de manera mucho más rápida en la protección y el cumplimiento de los derechos de la niñez en nuestro país.No sabemos en esta administración quién integra al COIA o siquiera si sigue operando; no sabemos qué instancia es la responsable de dar seguimiento y de coordinar las acciones para cumplir los derechos de la niñez; no se sabe de los progresos o de las metas planteadas en torno a las Recomendaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos entregadas en 2006 al Estado mexicano.Aun cuando hemos logrado avanzar trechos importantes, el desafío que tenemos enfrente para consolidar una política de atención y cumplimiento de los derechos de los niños sigue siendo enorme. La violencia contra los niños y las niñas continúa generando muertes, accidentes y daños psicológicos graves para su desarrollo; el deterioro del medio ambiente sigue creciendo y amenaza el presente y el futuro de miles, quizá de millones de niñas y niños; las enfermedades prevenibles persisten y los brotes de dengue, paludismo y otros padecimientos amenazan constantemente la seguridad de las comunidades y pueblos más pobresHoy tenemos no sólo el reto sino la oportunidad de construir los acuerdos que son necesarios para lograr que la infancia en México pueda vivir con dignidad y que pueda tener esperanza en el futuro. Tenemos que avanzar en la generación de equidad y en la reducción de las disparidades regionales; empero, nuestro reto más urgente de hoy es sin duda alguna, evitar que la pobreza en nuestro país, siga convirtiéndose en asesina, en particular de los más frágiles y vulnerables, sobre todo, cuando podemos y tenemos con que evitarlo.
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